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Ley 11/2007 - Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos
Pixelware ha creado, entre otras, diversas Soluciones de
Negocio para la Tramitación Electrónica de expedientes y facilitar el
cumplimento de la normativa de Administración Electrónica
(Ley 11/2007):
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Gestión de Recursos Administrativos y Contenciosos
Sede Electrónica y Registro Electrónico
Gestión de Expedientes de Contratación
La Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007) reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas.
¿Qué es la Ley 11/2007 Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos?
La Ley 11/2007 establece la regulación de los aspectos
básicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la
actividad administrativa, en las relaciones entre distintas
Administraciones Públicas o internamente, entre los empleados de las
mismas y en las relaciones entre ciudadanos y administraciones. Su
finalidad es garantizar los derechos de los ciudadanos establecidos en
el artículo 103 de la Constitución de España, darles un tratamiento
común ante las Administraciones, y garantizar también la seguridad
jurídica en los trámites administrativos.
Esta obligación implica exigencias para las
administraciones para lograr que sea una realidad que
los trámites y gestiones administrativas puedan realizarse desde
cualquier lugar y en cualquier momento por el ciudadano. Estas
exigencias, básicamente se relacionan con una mejor eficacia y
productividad, y con un aumento en la calidad de los servicios, para
que la enumeración de principios no caiga en saco roto.
A través de las nuevas tecnologías disponibles, se busca plasmar, en la
Ley 11/2007, una administración que se acerque al ciudadano y a la
empresa, posibilitando un acceso a la información y a los servicios más
sencillo y fluido.
Ciudadanos y empresas podrán presentar, entonces, solicitudes o
recursos, efectuar trámites y pagos, o notificarse y comunicarse con la
Administración desde cualquier lugar, en cualquier momento. Todo un
desafío para las Administraciones que tienen que adaptarse a las
exigencias de la nueva ley, con el esfuerzo económico y organizativo
(de conocimientos e infraestructura nueva) que esto implica.
Las Administraciones Públicas utilizarán tecnologías electrónicas según
lo que dispone la Ley 11/2007: deben asegurar la disponibilidad, el
acceso, la autenticidad, la integridad, la confidencialidad y la
conservación de los datos que le dan los particulares y que ellas
generan a través de su trabajo cotidiano.
La Ley 11/2007 define numerosos derechos para los ciudadanos:
- El derecho a relacionarse con la Administración Pública a través de medios electrónicos y no personalmente. ("en línea desde su ordenador, las 24 horas del día, los 365 días del año, sin perder un minuto en esperas y trámites", podría ser el principio inicial que guía a esta ley).
- El derecho a no aportar nueva documentación si esta ya está en poder de la Administración Pública y si, además. se ha manifestado el consentimiento a que la Administración pueda obtenerla a través de medios electrónicos. De este modo las administraciones son las que deben hacer el esfuerzo por obtener los datos de sus propios archivos.
- Igualdad en el acceso electrónico a cualquier servicio de las Administraciones Públicas; como es electrónica, se puede llegar simultáneamente desde distintos ordenadores. Se acabaron los turnos, pero el derecho a igualdad implica también igualdad para que los ciudadanos puedan seguir relacionándose con la Administración Pública de la manera tradicional.
- Posibilidad de conocer el estado de tramitación de procedimientos, a través de los medios electrónicos,, de esta forma el interesado sabe cómo van sus trámites. También, el ciudadano tiene la posibilidad de obtener copias electrónicas de los documentos de dichos procedimientos como comprobantes.
- Conservación, en formato electrónico, de los documentos que componen un expediente.
- Obtención de medios de identificación electrónica necesarios para comunicarse con las administraciones que garantizan la máxima seguridad y privacidad.
- Utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos por las Administraciones Públicas, cuando estén expresamente definidos.
- Garantía de seguridad y de confidencialidad de los datos que figuran los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
- Calidad de los servicios públicos prestados por los medios electrónicos.
La figura de Defensor del Usuario de la Administración Electrónica
Uno de los aspectos más importantes de la Ley 11/2007 es la creación de la figura del "Defensor del Usuario de la administración electrónica". Para muchos, una figura que superpone la del Defensor del Pueblo ya establecida por la Constitución Nacional, garantiza la defensa de los derechos de los usuarios. El Defensor del Usuario "será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas en cuyo Ministerio estará integrado. Su estatuto concreto se determinará mediante reglamento" (artículo 7 de la Ley 11/2007).Son obligaciones del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica:
- Desarrollar sus funciones con imparcialidad e independencia funcional.
- Elaborar un informe anual que se elevará al Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados que contendrá un análisis de las quejas y sugerencias recibidas, con la propuesta de las actuaciones y medidas a adoptar en relación con la defensa de los derechos de los usuarios.
Reflexión sobre la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
La ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos plantea la relación electrónica entre
Administración y ciudadano como un derecho para éste y una obligación
para aquélla. De hecho la frase más llamativa de la exposición de
motivos de la ley es la que dice que "… esta Ley pretende dar el paso
del "podrán" por el "deberán". Además de ofrecer una regulación legal
para la utilización de las tecnologías informáticas, la ley pretende
"obligar" a la Administración a tomar las iniciativas adecuadas para
adaptarse a una sociedad moderna basada en la información y el
conocimiento. Para lograrlo, hay que plantearse una importante
inversión: todas las medidas propuestas implican una inversión de las
mismas en capacitación de recursos humanos, horas de trabajo, creación
de formularios de simple manejo electrónico, etc., cuyo responsable y,
por supuesto, beneficiado, son las Administraciones.
Pixelware ha creado diversas Soluciones de Negocio
para la Tramitación Electrónica de los expedientes y facilitar el
cumplimento de la normativa de Administración Electrónica (Ley
11/2007):
De las soluciones listadas a continuación quisiésemos resaltar la facilidad de integración del software, que en el caso de las administraciones públicas locales se observa claramente en la solución de Sede Electrónica y Registro Electrónico que además de su funcionalidad de base como la Sede Electrónica integra, entre otras, soluciones como el Registro de Entrada / Salida, la Contratación Electrónica
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Gestión de Recursos Administrativos y Contenciosos
Sede Electrónica y Registro Electrónico
Gestión de Expedientes de Contratación
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